En la práctica es un instrumento que permite al Ejecutivo conocer la situación de los hombres y las mujeres en diferentes ámbitos (trabajo, salarios o educación) con el fin de adoptar decisiones políticas que corrijan las desigualdades que se producen por razón de género.
En virtud de un decreto aprobado en marzo del año pasado, todas las leyes y reglamentos que aprueba el Consejo de Gobierno tienen que llevar aparejado un informe que evalúa el impacto de género. De cara a la elaboración de la ley de Presupuestos de 2006, la Consejería de Economía dictó una orden en mayo de este año en la que fijaba como una prioridad que salieran adelante "programas destinados a promover la igualdad entre hombres y mujeres".
El informe ha sido elaborado por la Comisión de Evaluación del Impacto de Género del Presupuesto, órgano presidido por la viceconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, quien ha coordinado a representantes de todas las consejerías para elaborar el Informe de impacto de género del presupuesto.
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