jueves, 30 de noviembre de 2017

Análisis de la situación de las mujeres emprendedoras en el medio rural

Recientemente, Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, ha publicado un informe sobre la situación del emprendimiento femenino en el medio rural andaluz. El estudio presenta el perfil y características básicas de las empresas creadas por las mujeres en el ámbito rural, así como su probabilidad de supervivencia, definiendo el medio rural, el emprendimiento rural femenino y el marco normativo comunitario, nacional y andaluz aplicable.

Andalucía tiene una superficie total de 87.590,68 km2, de los que el 79,6% son zonas rurales, desagregadas en 306 municipios, donde reside y vive el 8,11% del total de la población andaluza(1), es decir 681.115 personas, de las cuales el 49,7%, es decir 338.244, son mujeres. Según este estudio, y en base a la definición de la persona emprendedora establecida en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y su internacionalización, es una mujer emprendedora rural aquella que, independientemente de su condición de persona física o jurídica, desarrolle una actividad económica empresarial o profesional en las zonas rurales de Andalucía definidas por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Como resultado de los datos del periodo 2011-2015, el perfil genérico de las empresas de mujeres en el ámbito rural de Andalucía es el de una empresaria individual del sector servicios que tiene entre 25 y 40 años y formación de Grado escolar/ ESO, que realiza una inversión inicial de 11.118 euros, generando 1,12 empleos.

Analizando más al detalle este perfil se advierte que durante dicho periodo, se sitúan en el ámbito rural el 14,2% (10.092) de las empresas creadas y tutorizadas con el apoyo de Andalucía Emprende, de las cuales el 42,76% (4.315) fueron empresas con titularidad 100% femenina. La mayor parte en estas empresas tiene al frente una mujer autónoma (96,7% de los casos) y el 91,1% de las empresas (3.930) desarrollan una actividad de servicios, siendo el sector menos representado el de Nuevas tecnologías y Comunicaciones, con un 0,63% empresas (27 de 4.315).

El 58,8% de las emprendedoras se encuentra entre los 25 y 40 años de edad y el 8,3% tiene menos de 25 años. En cuanto al nivel educativo alcanzado por las emprendedoras rurales, el 45,4% cuenta con el graduado escolar/ESO; el 20,6% tiene estudios universitarios, el 18,2%, formación profesional, y el 6,4% de las emprendedoras no tienen estudios. La inversión inicial requerida para la creación de las 4.315 empresas de titularidad 100% femenina, ente 2011 y 2015, fue de 48.276.616,99 €, y se crearon 4.846 empleos directos, el 92,1% por cuenta propia. Finalmente, el informe revela que la probabilidad de supervivencia media de las empresas constituidas por mujeres rurales analizadas, en un rango de entre 1 y 5 años de vida, se sitúa por debajo de la del total de empresas creadas en Andalucía, concretamente en un 4,1% menos.

El estudio también señala que las zonas rurales suelen albergar empresas de pequeño tamaño y con menor capacidad inversora que las establecidas en otros contextos. Estas empresas, principalmente familiares, operan en la mayoría de los casos de forma individual y rara vez vertebran estrategias colectivas. La financiación, problema generalizado en todo el sistema empresarial, afecta particularmente a aquellas iniciativas que emergen en zonas rurales; por ello, es necesario mejorar los canales y mecanismos de información sobre oferta de financiación, tanto pública como privada, en especial para aquellos grupos con dificultades adicionales para acceder a la información y/o al crédito.

Por otro lado, la ruralidad en Andalucía se caracteriza por una prevalencia de la visión del aprovechamiento agrario, que remite a un conjunto diverso de actividades: agricultura, ganadería, turismo, artesanía, pequeñas y medianas industrias, comercio y servicios. Todas ellas son fundamentales para el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental, y la propia habitabilidad del mundo rural, lo que supone importantes oportunidades y fortalezas en sectores emergentes considerados como nuevas fuentes de empleo.

(1) La ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, define este último como “el espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por km2".

martes, 10 de octubre de 2017

Informe de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018

El presupuesto 2018 se elabora en un momento en el que la economía andaluza está dando muestras de fortaleza, acelerando su ritmo de crecimiento hasta situarlo a finales del segundo trimestre de 2017 en el 3,1%, un punto por encima del registrado en la Eurozona. Se trata, además, de un crecimiento que sigue un patrón equilibrado en el que todos los sectores productivos mejoran su aportación al PIB y al que contribuyen tanto la demanda interna como el componente externo. Las previsiones económicas positivas que acompañan la elaboración de este Presupuesto 2018 deberían favorecer un crecimiento económico más consolidado, sostenible e integrador para Andalucía, y también más equitativo para mujeres y hombres. Según un estudio del Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) (1) la mejora de la igualdad de género conduciría a un aumento del PIB per cápita de la UE de entre el 6,1% y el 9,6% para 2050, lo que supone entre 1,95 y 3,15 billones de euros. Este informe del EIGE también demuestra que atacar conjuntamente diferentes desigualdades de género puede generar más impactos positivos, que haciéndolo de manera aislada.

En este contexto económico se presenta, un año más, el Informe de evaluación de impacto de género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018 en cumplimiento de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, al objeto de aportar una valoración de los efectos que los recursos presupuestarios tendrán para la igualdad de género en Andalucía el próximo ejercicio.

Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han reiterado durante 2017 su interés en que los gobiernos e instituciones internacionales adopten esta práctica de presupuesto y género en la gestión presupuestaria y financiera, y en la política fiscal, para facilitar que las mujeres desempeñen un papel más importante en el crecimiento económico. En un informe elaborado por esta institución este mismo año sobre la aplicación de los presupuestos con enfoque de género en los países del G7 , referencia a la Junta de Andalucía como una de las experiencias más destacadas en el apartado sobre países no pertenecientes al G7(2), entre los que destacan en esta materia Australia, Suecia y Austria, entre otros.

Un vez más, es clara la apuesta de la Junta de Andalucía, a través de su Presupuesto, de fortalecer las políticas y actuaciones que tienen un potencial impacto positivo en la corrección de los desequilibrios de género. Continuando con la senda ya emprendida en ejercicios anteriores, la distribución de los créditos en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018 sigue la misma tendencia en cuanto a su relevancia para la igualdad de género. Los programas G+, con mayor potencial para el avance de la igualdad de género, constituyen un 73,8% del total del Presupuesto, es decir, 18.895,9 millones de euros. Estos programas vuelven a mostrar este ejercicio un nuevo aumento cuantificado en un 4,3% (784 millones de euros), y en ellos se localiza un 51,6% del incremento total del Presupuesto con respecto al año anterior. Por su parte, los programas G, de alcance medio-alto, suponen el 20,8% del Presupuesto con 5.324,3 millones de euros, ascendiendo en un 6% (299,3 millones de aumento con respecto al crédito del año anterior). Y por último, los programas g1, que tienen un carácter más instrumental, representan el 4,6% del total, es decir, 1.178,3 millones de euros y se incrementan únicamente un 3,4%.



El Presupuesto 2018 revela claramente su apuesta por el fortalecimiento de los servicios públicos, uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar y que resultan imprescindibles para que las mujeres puedan alcanzar mayores cotas de participación en la vida social, económica y política en Andalucía.

En consecuencia con este planteamiento, el presupuesto de 2018 prestará una atención prioritaria a la política de Educación, que crecerá un 3,3%, con un total de 7.527,3 millones de euros. La educación es fundamental para fomentar la creación de talento masculino y femenino y para la creación de modelos igualitarios de convivencia en la sociedad. Todos los programas presupuestarios fundamentales que conforman esta política experimentan incrementos, como es el caso del programa de educación para la infancia que, además de favorecer el desarrollo a largo plazo de las potencialidades de niños y niñas, ofrece la oportunidad a las familias para conciliar el ámbito laboral y el familiar, y experimenta un crecimiento del 4,7% con respecto al Presupuesto 2017.

El programa de educación secundaria y formación profesional crece un 6,2%, continuando su labor de establecimiento de medidas para reducir la segregación por sexo en las familias profesionales.

La enseñanza universitaria es otro de los ejes fundamentales para la igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, el gasto en universidades experimenta un crecimiento interanual del 4,4%, dentro del que se contemplan 30 millones para la bonificación de matrículas gratuitas y 24 millones para recuperación de derechos del personal docente e investigador y el impulso de nuevas infraestructuras.

Por su parte, la política de I+D+i se incrementa un 5,1%, destacando de nuevo el ascenso de los créditos del programa presupuestario que se ocupa de la elaboración y difusión estadística oficial que realiza el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) en un 3,7%. Este organismo juega un papel fundamental en el estudio, la elaboración y la difusión de estadísticas de género en Andalucía.

La política de Sanidad seguirá siendo en 2018 un elemento central del Presupuesto, creciendo un 5,4%, que significa 9.809,9 millones de euros. Entre otras novedades, en el próximo ejercicio se utilizarán los ACG (Adjusted Clinical Groups), un sistema de clasificación de la morbilidad en virtud de las variables edad, sexo y los diagnósticos o problemas de salud que se implanta en Atención Primaria.

La política de Dependencia, Servicios y Prestaciones sociales se incrementa en este Presupuesto un 7,2%, alcanzando los 2.132,6 millones de euros. El presupuesto de 2018 seguirá realizando un esfuerzo considerable para atender a mujeres y hombres, niños y niñas que tengan necesidad de este tipo de cuidados, lo que seguirá teniendo un impacto positivo para la igualdad de género al fomentar la creación de empleo femenino y la conciliación de la vida laboral y personal de las mujeres cuidadoras. En 2018, con el objetivo de combatir la desigualdad económica y social agravada por las crisis económica, entrará en vigor un nuevo decreto que adapte la renta mínima de inserción social a la nueva realidad social, incorporándola como prestación garantizada del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, y considerando de manera específica a las mujeres víctimas de violencia de género. En el marco de esta política, los créditos dedicados a fomentar las acciones para la igualdad y promoción de las mujeres se incrementan un 3,8% con respecto al Presupuesto 2017.

En el contexto económico actual más favorable, la Junta de Andalucía tiene la prioridad de continuar promocionando el Empleo para incrementar la generación de riqueza social y económica en la Comunidad. Muestra de ello es el impulso al nuevo Plan de Trabajo Autónomo, dotado con 434 millones de euros, en una apuesta clara por un colectivo fundamental, que agrupa a más de medio millón de andaluces y andaluzas, y que contempla medidas relevantes para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en un colectivo con especiales dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral.

La política de Cultura ve incrementada un año más su crédito presupuestario para el ejercicio 2018 en un 5,1%, especialmente en lo relativo a la promoción del arte contemporáneo y a las industrias creativas y del libro. La cultura es facilitadora y transmisora de la igualdad entre hombres y mujeres, valor fundamental para la sociedad, y las políticas públicas que dinamizan esta industria deben tener en cuenta la situación de desigualdad existente y establecer medidas que favorezcan la participación de las mujeres como contribuyentes a la cultura en todas sus áreas.

A pesar de la existencia y permanencia de determinadas brechas de género, el Informe de evaluación de impacto de género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018 presenta determinados logros alcanzados en la disminución de las desigualdades entre mujeres y hombres. En el área educativa, se ha incrementado el número de centros que imparten educación infantil, alcanzando actualmente los 1.900 centros para el curso 2017/2018. Esto se ha traducido a su vez en un aumento de 365 plazas educativas financiadas con fondos públicos, y un incremento de 1,6% de los centros educativos que se acogen al Plan de Apertura para el citado curso escolar, alcanzando la cifra de 2.382 centros acogidos entre los que prestan servicios de aula matinal, comedor y de actividades extraescolares el 65,4 %, 81,4% y el 84% del total de centros, respectivamente.

Continuando con el ámbito educativo, específicamente relacionado con la enseñanza superior, por primera vez este informe incluye un indicador de distribución del Personal Docente e Investigador (PDI) por sexo de las universidades públicas andaluzas, el cual muestra que en 2015 el 37,9% de este personal son mujeres, y el 62,1%, hombres. No obstante, se observa una tendencia positiva ya que en el periodo 2009–2015 la participación femenina aumentó 2,9 puntos porcentuales. Respecto a las cátedras universitarias en Andalucía, en el curso 2015/2016 la proporción de mujeres se ha incrementado en 0,3 puntos porcentuales respecto al curso anterior, alcanzando el 20,4%, por lo que la brecha de género sigue siendo acusada. En las escuelas universitarias, la representación de las mujeres catedráticas, usualmente mayor que la registrada en las universidades, ha aumentado igualmente, 0,3 puntos porcentuales, llegando al 33% del total.

El empleo es otra de las áreas en que es fundamental que se produzcan avances soste-nidos que hagan posible la independencia económica y personal de las mujeres. La situación laboral ha mejorado para ambos sexos ya que al comparar el 2T de 2017 con el mismo trimestre del año anterior, se observa que la población empleada crece interanualmente, tanto entre las mujeres (4,7%), como entre los hombres (4,1%). En términos absolutos, este incremento supone un total de 57.600 mujeres y 65.000 hombres más. Por su parte, la población parada ha descendido con respecto al mismo trimestre del año anterior en un 12,7% menos entre los hombres, y en dos puntos porcentuales más entre las mujeres, para las que la variación del paro se cifra en un 14,8% menos. Por sectores, destaca la ocupación en la industria turística de Andalucía del año 2016 en el cual la ocupación femenina ha crecido en un 12,1% en el último año llegando al 43,4% de mujeres (161.400 ocupadas).

Por su parte, el empleo autónomo en Andalucía ha continuado durante 2016 la senda de crecimiento iniciada en 2013. De esta forma, entre 2012 (el año con el nivel más bajo de altas) y 2016 se registró un crecimiento del 8,2% en el total de altas en este régimen. Las altas de mujeres como trabajadoras autónomas son las que han impulsado principalmente este crecimiento, pues su tasa de incremento en el período 2012–2016 ha sido del 11,2%, frente a un 6,7% de los hombres. Este mayor impulso de las altas de mujeres como trabajadoras autónomas se mantiene también en 2016, con un 1,5% frente al crecimiento del 1,3% de los hombres. Sin embargo, estos datos no ocultan el hecho de que, en términos globales, las mujeres sólo suponen el 34,5% de las altas en el empleo autónomo y que el 65,5% de las altas corresponden a hombres. Hay que señalar que esta brecha de género se está reduciendo, aunque levemente, puesto que entre 2009 y 2016 la brecha sólo ha disminuido en 1,6 puntos, lo que viene a justificar la necesidad de incrementar las medidas que ya se están llevando a cabo en este sector.

En 2018 se prevé en este sentido la aprobación de la Ley de Fomento del Emprendimiento (LAFE) en Andalucía, una norma que busca garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de emprender, eliminando obstáculos relacionados con la procedencia económica o social, el género, la edad o la ubicación territorial de la persona que quiera poner en marcha un proyecto empresarial.

También se han producido reducciones de brechas en el área dedicada a la atención a la dependencia. En la distribución por sexo de las personas usuarias de los servicios prescritos a través del Programa Individual de Atención (PIA), se observa que en todos los servicios la presencia de mujeres es mayoritaria, siendo más notable la participación femenina en los servicios de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, la teleasistencia y la ayuda a domicilio, con una representación del 80,5%, 79,1% y 72,6% respectivamente. Sólo el servicio de centros de día y de noche cuenta con una presencia similar de mujeres y hombres, con una diferencia de 3,5 puntos porcentuales con mayoría femenina. En la atención residencial, la brecha de género en 2017 se sitúa en 21,8 puntos porcentuales con mayor participación de las mujeres, si bien se ha reducido respecto a 2016 cuando la diferencia se situaba en 22,3 puntos porcentuales.

Por otra parte, hay que señalar el incremento de las prestaciones de maternidad un 1,4% en 2016, con respecto al año anterior, con un número total de 49.613 prestaciones. Los permisos disfrutados con el padre u otro/a progenitor/a de manera simultánea o sucesiva en 2016 experimentaron un incremento de un 4,9% con respecto al año anterior. Por último, los permisos de paternidad se incrementaron un 3,7% con respecto al año 2015, habiéndose concedido un total de 39.109 permisos en 2016.

La violencia de género es la máxima expresión de la desigualdad de género en cualquier sociedad y por ello, es absolutamente imprescindible que todas las administraciones públicas colaboren para aplicar medidas innovadoras en este ámbito que estén dotadas de recursos presupuestarios. En este sentido merece la pena destacar la aprobación en 2017 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con 213 medidas que deben ser aplicadas a partir del año 2018. Durante 2016, en Andalucía se registraron un total de 3 víctimas mortales en el año 2016 (6,8% del total de víctimas del conjunto del Estado), lo que supone un descenso en el número de víctimas de un 78,6%.

Por último, se renovará el Convenio Marco de colaboración de Canal Sur Radio y Televisión S.A. y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) que cuenta con acciones para la lucha contra la discriminación, dar visibilidad a las mujeres, concienciar a las personas más jóvenes, y fomentar el uso no sexista del lenguaje y la transmisión de una imagen igualitaria y no estereotipada de las mujeres y hombres en todas las emisiones de Canal Sur.

En el área de agricultura y pesca, en 2017 la participación de las mujeres registradas como titulares de explotaciones ganaderas ha experimentado un ligero aumento interanual (0,2 puntos porcentuales), lo que supone el 14,6% del total frente al 85,4% de representación masculina. En 2016 el empleo femenino generado en la acuicultura marina en Andalucía, un sector muy masculinizado, creció 0,6 puntos porcentuales con respecto al año anterior, alcanzando el 13,1% del total.

En el ámbito del deporte se observan importantes brechas entre mujeres y hombres a pesar de los avances acaecidos en los últimos años, pero las licencias deportivas femeninas se incrementaron en cinco puntos porcentuales en 2016 llegando al 21,5% y siendo los deportes más equilibrados por sexo balonmano, natación y atletismo.

La presencia de mujeres en las áreas de toma de decisión también ha experimentado algunos progresos. El Parlamento de Andalucía vuelve a presentar registros de representación equilibrada en 2017, repitiendo los datos de 2016 con un 50,5% de mujeres y un 49,5% de hombres. Los cargos unipersonales de las comisiones parlamentarias, analizados este año por primera vez, también muestran una representación equilibrada por sexo, con un 41,6% de los cargos desempeñados por mujeres y un 58,4% por hombres. Por otra parte, el Consejo de Gobierno de Andalucía sigue manteniendo similares márgenes de equilibrio que en 2016, con un 42,9% de mujeres y un 57,1% de hombres y el conjunto del personal alto cargo se encuentra asimismo en la franja de equilibrio por sexto año consecutivo, 44,3% de mujeres y 55,7% de hombres.

También se han producido avances en los puestos de alcaldías en los dos últimos años, ya que en 2015 los municipios andaluces contaban con un 23,1% de mujeres y un 76,9% de hombres, mientras en 2017 las proporciones son de un 24,3% y un 75,7%, respectivamente. De esta forma se afianza el lento pero continuo avance que en el ámbito municipal se está produciendo. Atendiendo al grado de urbanización(3) de los municipios, las mujeres ocupan el 22,7% de las alcaldías de municipios urbanos, el 23,4% de las de municipios de término medio, y el 24,5% de las de municipios rurales. Aunque existen mínimas diferencias, los registros de 2017 muestran que la presencia femenina es ligeramente mayor cuanto mayor es el grado de ruralidad de los municipios.

En cuanto a la presencia de mujeres y hombres en todos los colectivos que componen la Administración Andaluza: Administración General andaluza, Sistema Educativo, Sistema Sanitario, personal no judicial en la Administración de Justicia, se observa que la feminización ha avanzado ligeramente entre el personal de la Junta de Andalucía. A fecha de 1 de enero de 2017, de las personas que trabajan en distintos organismos de la Junta, un 64,6% son mujeres y un 35,4% hombres, cuando en la misma fecha del año anterior las mujeres significaban el 64,5% y los hombres el 35,5%. No obstante, se observa el mantenimiento del IPRHM en 1,29, en 2017, frenándose la tendencia al incremento de la presencia relativa del número de mujeres en el total del personal de años anteriores.

Este año el análisis ha incluido, por primera vez, el total del personal de las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público y entidades asimiladas. En conjunto, considerando todos los colectivos analizados, se ve que si bien aumenta paulatinamente la participación de mujeres en los grupos superiores de las escalas profesionales, su menor presencia en estos grupos indica la existencia de techos de cristal.

Para finalizar y relacionado con la planificación presupuestaria, cabe destacar que esta ha mostrado mejoras en cuanto a la integración de género a lo largo de este último proceso de elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018, debido a las nuevas indicaciones que se incluyeron en la Orden de 26 de mayo de 2017, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2018. Como resultado de ello, la planificación presupuestaria ha trasladado el enfoque de género a las actuaciones mejorando su eficacia y futuro seguimiento.

El informe completo puede descargarlo de la página web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.


(1) EIGE (2017) Economic Benefits of Gender Equality in the EU. http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/sectoral-areas/ economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality

(2) FMI (2017) Gender Budgeting in G7 Countries.

(3) El grado de urbanización es una variable utilizada por Eurostat e incluida por primera vez en los indicadores del capítulo de Realidad de este Informe de evaluación de impacto de género en el Presupuesto 2018. Para ampliar la información, véase la introducción del mencionado capítulo.

jueves, 28 de septiembre de 2017

II ESADE Gender Monitor: equilibrio de género en las empresas

Este estudio, que ha llevado a cabo ESADE por segundo año consecutivo en el marco de la plataforma de las Naciones Unidas HeForShe, analiza la situación de la igualdad de género en las empresas españolas, a partir de una encuesta realizada a una muestra de 192 mujeres que ocupan cargos de mandos intermedios o directivos y que, entre otras características, cuentan con más de 15 años de experiencia profesional.

Entre las principales barreras para la igualdad, la encuesta revela que tres de cada diez directivas encuestadas perciben la desigualdad salarial como la principal barrera de género en la empresa, seguida de la dificultad para la conciliación, que afecta a una de cada cuatro encuestadas y la falta de reconocimiento en las tareas realizadas. La desigualdad se manifiesta también en el hecho de que aunque muchos comités de dirección (el 85%) de las empresas analizadas tienen mujeres, sólo en el 10% de los mismos la presencia de las mismas es equilibrada.

Se han detectado mejoras con respecto a los resultados de la encuesta del año 2016, en relación principalmente con la toma de conciencia por parte de las empresas sobre la importancia de la conciliación para proporcionar equilibrio y bienestar a sus empleados, que redunda en mayor adhesión y productividad: casi tres de cada diez encuestadas declaran contar con estas medidas y trabajar en empresas cuya cultura está basada en la confianza y el cumplimiento de objetivos; cinco de cada diez observan algunos avances en su organización en esta dirección y menos de dos de cada diez trabajan en empresas que premian el “presentismo”. Sin embargo, se observa igualmente una preocupante falta de planes ordenados y de estrategias claras que permitan cambios reales, que toquen la cultura de la organización, lo que puede desembocar en confusión generalizada e incluso rechazo entre los empleados varones que interpreten estas medidas como discriminatorias hacia ellos. 

La presencia de mujeres en los comités de dirección, señala el estudio, se considera clave para consolidar los cambios, ya que sólo la existencia de una masa crítica de mujeres co-definiendo las políticas empresariales junto a sus homólogos hombres permitirá una verdadera inclusión (que represente los intereses de todo el personal) y no una mera integración de las mujeres en estructuras organizacionales que ya existían. Vincular los objetivos económicos de los directivos con indicadores que persigan este equilibrio es un modo muy eficaz de impulsar el proceso, y varias empresas españolas ya han implantado esta medida. Igualmente, el estudio señala otra vía para que las empresas puedan conservar el talento, mediante el diseño de posiciones de responsabilidad que se puedan desarrollar a tiempo parcial o entre varias personas, medida habitual en otros países. 

En este sentido, el Informe de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2018, en su capítulo IV realiza un análisis de la presencia de hombres y mujeres entre el personal de la Junta de Andalucía. Pese a los rasgos propios del empleo en la función pública, se encuentran paralelismos evidentes entre éste y el mercado laboral en general. En relación con los resultados del estudio de ESADE, se reproducen las dificultades de las mujeres para acceder a los puestos de mayor responsabilidad. Pese a encontrarse el personal de la Junta claramente feminizado en todos sus colectivos (el porcentaje total de mujeres es del 64,6%), y estar aumentando paulatinamente la participación de mujeres en los grupos superiores de las escalas profesionales, su presencia sigue siendo menor, indicando la existencia de techos de cristal. Así, en los niveles 30 de la Administración General andaluza el porcentaje de mujeres es del 39,7% en 2017, mientras que la inspección educativa sigue siendo mayoritariamente masculina (27,6% de mujeres) y en el SAS, los niveles 27-29 presentan una proporción de mujeres del 27,2%. 

Estas limitaciones para las mujeres en el acceso a puestos de mayor responsabilidad y dedicación en el personal de la Administración andaluza, se dan, de forma más amplificada todavía, en las entidades instrumentales, el colectivo más próximo a la encuesta de ESADE. Con una presencia de hombres y mujeres en conjunto muy equilibrada, no se traslada dicha proporción a las diferentes categorías de puestos de poder y toma de decisiones, como son los órganos de gobierno del conjunto de estas entidades (33,3% de mujeres), los puestos de alto cargo (20,7%) o en el resto de puestos directivos (31%), donde la presencia de mujeres es siempre minoritaria. Finalmente, otro de los rasgos destacables desde la dimensión de género en este colectivo del sector instrumental, es el protagonismo de las mujeres en los contratos menos consolidados, concretamente los de duración determinada, que se traduce en una tasa de temporalidad laboral en las mujeres que casi duplica la de los hombres.

martes, 22 de agosto de 2017

“La oferta de mano de obra femenina y la necesidad de incluir a las mujeres en los modelos económicos”

Esta reciente investigación, a cargo de las investigadoras Mariacristina De Nardi y Sharada Dharmasankar, publicada por el Federal Reserve Bank of Chicago demuestra cómo los modelos utilizados para estudiar los efectos de la política gubernamental ignoran las diferencias de género, pese a que una fracción importante de las horas de trabajo agregadas, los ingresos y la participación en la fuerza de trabajo es aportada por las mujeres. Puesto que la credibilidad de un modelo depende en gran medida de cómo reproduce las características clave de los datos, la exclusión de las mujeres de los modelos destinados a comprender la realidad y las consecuencias de la política pública, socava la fiabilidad de los mismos.

La investigación publicada por la Fed de Chicago estudia la cohorte de hogares nacidos en 1941-45, que ha completado su período de trabajo y se ha retirado, constituyendo por ello un punto adecuado de referencia. Se analiza esta participación laboral para cuatro situaciones personales o tipos de hogar (hombres solteros, mujeres solteras, hombres casados y mujeres casadas) en diferentes edades, observándose que la dinámica laboral varía según el sexo y el estado civil durante el ciclo de vida. En promedio, las mujeres casadas participan menos que las mujeres solteras, los hombres solteros y los hombres casados, mientras que la participación más alta se da en estos últimos. El comportamiento es similar en cuanto a las horas trabajadas.

El estudio realiza una comparación entre un modelo basado en los datos agregados, con otros tres modelos: el primero, no diferencia entre tipos de hogar y tiene en cuenta únicamente a los hombres; el segundo, tiene en cuenta a hombres y mujeres pero no diferencia por tipo de hogar; y el tercero, incluye a hombres y mujeres, y diferencia por tipo de hogar. De esta comparación se desprende que la desviación entre cada uno de estos tres modelos y el que parte de los datos agregados es mucho menor cuando se modeliza correctamente a hombres y mujeres tanto solteros como en pareja (tercer modelo).

La observación de que las opciones laborales de los individuos varían según el sexo y el estado civil, indica igualmente que sus respuestas a los cambios en el entorno económico probablemente sean también diferentes. De hecho, la literatura empírica sobre oferta de trabajo e incentivos revela que la oferta de trabajo de las mujeres responde a los cambios en los salarios y los impuestos mucho más fuertemente que en los hombres. Por ejemplo, si los salarios aumentan un 10%, las horas anuales trabajadas por los hombres apenas se ajustan, mientras que las horas anuales aumentan alrededor del 10% para las mujeres en general.

En cuanto a las causas de la heterogeneidad en el comportamiento entre hombres y mujeres, la investigación discute los determinantes de la oferta de trabajo para mujeres solteras y casadas, destacando la importancia de los costos de cuidado infantil y el aumento de los salarios femeninos, el nivel educativo y los retornos globales de la incorporación al trabajo. En primer lugar, se observa que la combinación de una disminución de los costos del cuidado, y un incremento en los salarios, aumenta el costo de renunciar a la experiencia laboral y permanecer en el hogar. El aumento del nivel de educación también genera mejores perspectivas de empleo para las mujeres, y por lo tanto, tiene un efecto positivo en su participación en la fuerza de trabajo.

Por otra parte, la investigación señala que las mujeres con pareja pueden reducir su oferta de trabajo en respuesta a beneficios y reducciones fiscales, porque sus ganancias podrían reducir el derecho de la familia a su obtención.

Los modelos que dan cuenta de las mujeres y el matrimonio, que reconocen que ambos grupos se enfrentan a diferentes incentivos para trabajar, son mucho más eficientes, haciendo coincidir los estimados de los agregados económicos y su dinámica. Esto requiere incluir estas características en modelos que estudien la respuesta de la economía tanto a las políticas gubernamentales como a los shocks económicos.

https://www.chicagofed.org/publications/chicago-fed-letter/2017/380

martes, 20 de junio de 2017

Informe sobre igualdad de hombres y mujeres en la UE (2017)

Anualmente, la Comisión Europea publica el Informe sobre igualdad de hombres y mujeres en la Unión Europea en el cual se analiza la evolución de determinados indicadores. El Informe se estructura en torno a las cinco prioridades del compromiso estratégico 2016-2019 para la igualdad de género: igual independencia económica para mujeres y hombres, salario igual a trabajo igual y trabajo de igual valor, igualdad en la toma de decisiones, dignidad, integridad y fin de la violencia sexista, e igualdad en la acción exterior. Se describen a continuación los resultados de las dos primeras áreas.

Se observa en primera lugar, en cuanto al mercado de trabajo, que las tasas de empleo mejoran para los dos sexos desde 2010. La brecha de género se ha estabilizado, en torno a 12,5 puntos porcentuales (población de entre 25 y 64 años), aunque desciende considerablemente hasta situarse en 6 puntos porcentuales en edades más jóvenes (de 20 a 24 años). En España, la tasa de empleo fue, en el tercer trimestre de 2016, del 59% para las mujeres (similar a la de Rumanía y Croacia, la quinta más baja de la UE), y la masculina, del 70% (cercana a las de Italia, Croacia, Bélgica o Bulgaria). En cuanto al desempleo, en los países con las tasas de desempleo más altas, estas son mayores aún para las mujeres: 27,2% en las mujeres frente al 18,9% de los hombres en Grecia; 20,7% frente al 17,4% en España; 12% frente al 10,2% en Italia; y 10,8% frente al 10,5% en Portugal (datos del tercer trimestre de 2016). 

En cuanto al número de horas de trabajo, otro indicador relevante relacionado con la independencia económica, los hombres realizan en promedio 39 horas de trabajo remunerado por semana en la UE, mientras que las mujeres realizan 33 horas. Por el contrario, éstas asumen la mayor parte del trabajo doméstico y de los cuidados: las mujeres trabajadoras computan 22 horas semanales de trabajo no remunerado, y los hombres menos de 10 horas. En España, los hombres desarrollan 40 horas de trabajo remunerado y 12 de trabajo doméstico, mientras que las mujeres realizan 34 y 25 horas, respectivamente. Los datos muestran por otra parte que en materia de equilibrio entre la vida laboral y familiar, el progreso ha sido desigual entre países. Por ejemplo, los últimos datos disponibles (2014) en materia de cuidado infantil, muestran que sólo diez Estados miembros cumplían el objetivo de Barcelona del 33% de los niños menores de tres años en estructuras de atención oficial, entre ellos España. Sólo nueve cumplían la meta del 90% de los niños entre tres años y edad escolar con atención formal, encontrándose también España entre ellos. 

En lo que se refiere a los permisos por maternidad y paternidad, la licencia reservada a los padres tiende a ser mucho más corta que la licencia de maternidad en todos los países. España es el segundo país, junto con Holanda, con menor duración del permiso de maternidad (16 semanas), frente a las 42 de Francia, las 58 de Alemania, o las 60 de Suecia, aunque está equiparada en cuanto a permiso de paternidad (2 semanas) con diversos países, como Dinamarca o Polonia, y por encima de otros, como Holanda (sin permiso de paternidad). Sólo unos pocos Estados miembro establecen disposiciones para la conciliación y el cuidado de personas dependientes. Se identificó, por otra parte, una tendencia común hacia la desinstitucionalización de la atención y la extensión de la atención comunitaria, no acompañada por una inversión simultánea en los servicios públicos a domicilio, en la mayoría de los casos. Dinamarca y Finlandia son los países más avanzados a este respecto, y la mayoría de los cuidados formales a largo plazo se prestan a domicilio. 

En cuanto a las desigualdades en salarios, ingresos y pensiones, aunque las mujeres tienen más éxito en sus estudios, sus carreras profesionales son interrumpidas con más frecuencia, son más planas, y tienen salarios más bajos. Los últimos datos sobre brecha salarial disponibles (2015), la cifran en el 16,3% en 2014, para el conjunto de la UE. En España ha bajado del 17% en 2010 al 15% en 2014. Estudios recientes muestran que la brecha salarial puede explicarse en buena parte por discriminación directa, y que aún es un reto la aplicación efectiva de la legislación en este ámbito en todos los Estados miembro. 

El indicador sobre brecha de género en los ingresos (brecha salarial + brecha en horas trabajadas+ brecha en el empleo), confirma que la UE está muy lejos de alcanzar la igualdad, incluso en los países más avanzados en este sentido. La brecha se cifra en el 39,8% en el conjunto de la UE, y alcanza el 45% en Alemania o Dinamarca. En España, este indicador combinado se cifra en el 36%. Estas brechas en el mercado de trabajo se trasladan a las pensiones, generando una brecha del 37,6% para mayores de 65 años o más (2015). Las mujeres se encuentran, por otra parte, en un mayor riesgo de pobreza o exclusión social (24,4% frente al 23% de los hombres en 2015).

miércoles, 24 de mayo de 2017

Fiscalidad e Igualdad de género en la Unión Europea

El estudio "Fiscalidad e Igualdad de género en la Unión Europea", publicado por el Parlamento Europeo en abril de 2017, ofrece una visión general de los aspectos de género en la fiscalidad en los Estados miembros y la UE. Partiendo de un resumen de las principales brechas de género en la realidad socioeconómica con relevancia en el contexto fiscal, se analizan la implementación de medidas a nivel europeo y de Estados miembro, así como los distintos enfoques y obligaciones legales en la materia.

La mayoría de los Estados miembro han suprimido las normas fiscales que diferencian implícitamente entre hombres y mujeres. Sin embargo, los sistemas tributarios y las decisiones de política fiscal afectan a mujeres y hombres de manera diferente, debido a que interactúan con las realidades socioeconómicas, en las que persisten las desigualdades. A pesar de las obligaciones y compromisos internacionales, europeos y nacionales para la igualdad de género en todos los ámbitos políticos, raramente se consideran en materia fiscal. 

La eliminación de los desincentivos fiscales relacionados con el empleo femenino y los incentivos para un equilibrio entre sexos del trabajo remunerado y no remunerado en los hogares, respectivamente, conforman uno de los núcleos de la fiscalidad desde el punto de vista de la sostenibilidad. Aún prevalecen en los Estados miembro numerosas disposiciones conjuntas en materia de impuestos y prestaciones, que elevan la carga fiscal sobre los ingresos laborales de los segundos perceptores (en su mayoría mujeres). Los cambios en la fiscalidad del trabajo, del consumo y de la riqueza, observables en los últimos decenios en los Estados miembros, implican un desplazamiento de la carga fiscal hacia los grupos de bajos ingresos y, en particular, hacia las mujeres debido a la distribución desigual de la riqueza entre mujeres y hombres, la escasa proporción de mujeres entre los primeros perceptores, sus tasas de consumo por encima de la media y su comparativamente alta participación en los ingresos laborales, mientras que están subrepresentadas en los ingresos del capital. A pesar de todo ello, los aspectos de género siguen siendo desatendidos en las evaluaciones del diseño de políticas fiscales fundamentales, como por ejemplo, en el semestre europeo.

Fortalecer la progresividad fiscal en los impuestos personales, la eliminación de las exenciones en los impuestos sobre el valor añadido no relacionados con las necesidades básicas, y el desplazamiento de la carga fiscal de los ingresos laborales, en particular de los bajos y medianos, hacia las rentas de capital, son medidas que contribuyen a la igualdad de género.

Muchos estudios sugieren por otra parte que los beneficios fiscales favorecen menos a las mujeres, por su diseño enraizado en la realidad socioeconómica masculina. La UE debe tener en cuenta las repercusiones distributivas y de asignación de los beneficios fiscales relacionados con las disparidades de género en el empleo, trabajo no remunerado, ingresos, pensiones, pobreza y riqueza. Así, los beneficios fiscales vinculados con el cuidado de los descendientes reducen los costos de tomar un empleo remunerado y, por lo tanto, contribuyen a una división intra-hogar más equitativa del trabajo remunerado y no remunerado. 

Otra recomendación del informe se centra en cubrir las numerosas lagunas de información en relación con los aspectos de género de los impuestos. Por ejemplo, se requieren investigaciones adicionales sobre los efectos distributivos diferenciados por sexo de la riqueza neta, los impuestos sobre la propiedad, sobre la herencia, sobre el valor añadido y sobre consumos específicos y sobre sociedades, así como los beneficios fiscales y los efectos distributivos diferenciados por sexo de los impuestos correctivos (alimentos poco saludables y bebidas).

Por último, resulta fundamental garantizar la igualdad de género en el ámbito fiscal. Dado que las competencias fiscales legislativas siguen siendo en gran medida de aplicación a los Estados miembros, la Unión debe abordar sistemáticamente los aspectos de género en los sistemas fiscales de los Estados miembros en el Semestre Europeo, y mencionarlos en las directrices y prioridades económicas de la Encuesta Anual de Crecimiento. Se debe garantizar igualmente la presencia de mujeres en los foros de intercambio entre los Estados miembro, los interlocutores sociales y las instituciones de la UE, en que se deciden las prioridades y medidas a adoptar. Asimismo, los fondos europeos constituyen una herramienta idónea para la aplicación de las recomendaciones específicas por país, en materia de fiscalidad y género.

martes, 28 de marzo de 2017

Informe sobre los beneficios económicos de la igualdad de género en la Unión Europea

El Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) ha publicado en marzo de 2017 el Informe "Economic Benefits of Gender Equality in the EU". Para elo ha utilizado un potente modelo econométrico (E3ME) para estimar los impactos económicos de la mejora de la igualdad de género en varias áreas de política, tales como educación, mercado de trabajo y salarios. También considera el impacto demográfico de esa potencial mejora.

PIB per cápita
Para 2050, la mejora de la igualdad de género conduciría a un aumento del PIB per cápita de la UE de entre el 6,1% y el 9,6%, lo que supone entre 1,95 y 3,15 billones de euros. Las políticas directas y transversales para la igualdad de género tienen efectos contundentes, en comparación con otras políticas sectoriales, como las políticas relacionadas con el mercado de trabajo y la educación. Así, una mejora en los niveles educativos en los estados miembro se espera, según un estudio reciente(1), que conduzca para 2050 a una subida mucho menor (2,2%) a la esperada por las mejoras de género.  

Empleo
Las mejoras en la igualdad de género en la Unión Europea posibilitarían la creación de 10,5 millones de empleos adicionales en 2050, tanto de hombres como de mujeres. Sin embargo, alrededor del 70% de estos puestos de trabajo serían ocupados por estas últimas, de forma que las tasas de empleo femenino y masculino acabarían confluyendo en una tasa de empleo del 80% en 2050. Las brechas de género en empleos y salarios hacen que las mujeres sean mucho más vulnerables a la pobreza, por lo que estos nuevos empleos femeninos son estratégicos para reducirla, contribuyendo así a una de las prioridades clave de la Estrategia UE 2020. Así mismo, más igualdad en la educación, sobre todo en áreas como la I+D+i, donde las mujeres están subrepresentadas, incrementaría la tasa de actividad en la UE, generando un aumento del PIB per cápita de entre el 3,2% y el 5,5% en 2050. Esto representa un aumento de 280.000 millones de euros en el PIB para 2030 y de 1.490 millones de euros para 2050. 

Las mejoras en la brecha salarial de género, aunque tienen según el estudio efectos directos más bajos sobre el PIB (hasta el 0,2% entre 2030 y 2050), sí tienen otros impactos positivos previsibles, como que se reduzcan las tasas de pobreza femenina, y la brecha de género en las pensiones (EIGE, 2016). Unos mejores salarios también aumentarían la confianza de las mujeres en el trabajo y en los niveles de responsabilidad alcanzados, progresando en posiciones de liderazgo (Booth, 2003), y mejorarían su capacidad de ahorro e inversión (Banco Mundial, 2012). 

Mejoras por países
Por Estados miembros, se observa que en promedio la igualdad de género produciría mejoras de en torno al 4% en el PIB, pero el impacto puede llegar hasta el 12% de mejora en países donde las desigualdades de género son actualmente mayores, lo que es muy importante en el contexto de crecimiento inclusivo y equilibrio regional y territorial que establece la UE. 

Aumento de la competitividad
Las medidas de igualdad de género podrían dar lugar a una mayor capacidad productiva potencial de la economía y a contar con precios más bajos. En consecuencia, la UE podría producir más bienes y servicios internamente y también ser más competitivos en los mercados internacionales, produciéndose mejoras en la balanza comercial, con incremento de las exportaciones de entre un 1,6% y un 2,3% y descenso de las importaciones de entre el 0,4% y el 0,7% en 2050. Todo ello ayudaría a mantener el comercio internacional como uno de los motores clave de crecimiento, en consonancia con la estrategia Europa 2020. 

En conclusión, combatir de forma integral las desigualdades de género es mejor que abordarlas una por una. El estudio de EIGE muestra que la igualdad de género en un dominio tiene efectos de derrame en otros dominios. Más mujeres en los estudios de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) pueden conducir a mejoras en las tasas de actividad laboral de las mujeres. Promover una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo y garantizar la igualdad salarial es crucial para alcanzar el objetivo de Europa 2020 de llegar a una tasa de empleo global de mujeres y hombres de al menos el 75% para 2020.  

Poner la igualdad de género en el centro de la estrategia de seguimiento de Europa 2020, y otras reformas políticas, haría que el sistema económico fuera más inclusivo. Permitiría a las mujeres alcanzar su pleno potencial y beneficiar a toda la sociedad. 

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/sectoral-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality 

(1) Dirección General de Educación y Cultura. Comisión Europea (2016)

domingo, 26 de febrero de 2017

Informe Científicas en Cifras 2015

La Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha publicado recientemente el Informe Científicas en cifras 2015, en el que analiza la presencia de hombres y mujeres en el sistema de I+D+i a nivel estatal, así como la integración del enfoque de género en el contenido de la investigación y la innovación. Desde diversas organismos y centros de investigación se lleva años advirtiendo sobre la persistencia de brechas de género que son el origen de numerosas distorsiones, inequidades, ineficiencias y pérdida de recursos, principalmente capital humano, en el sistema de I+D+i. Desde Naciones Unidas se ha declarado que la igualdad de género en la ciencia es vital para realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030. También la UE señala que las mujeres europeas sobresalen en la educación superior, y sin embargo, representan sólo un tercio del personal dedicado a la investigación y alrededor de una quinta parte de los académicos de alto nivel(1) y proponiendo actuaciones para su corrección. 

El informe proporciona numerosos indicadores sobre el contexto general, universidades, organismos públicos de investigación (OPIs), y sobre la presencia de hombres y mujeres en las distintas convocatorias de apoyo a la I+D+i en el Plan Estatal. Los indicadores de contexto muestran que ha habido pocos cambios en la proporción de mujeres en el conjunto del personal investigador en España, que se mantiene en el 39% desde 2009. Por sector, hay representación equilibrada en la enseñanza superior (con un 42% de investigadoras) y en la administración pública (46% de mujeres) pero continúa siendo muy baja la proporción de mujeres entre el personal investigador del sector empresarial, solo un 31%. 

En las universidades, se mantiene la segregación vertical. Hay infrarrepresentación femenina en el mayor rango de la carrera investigadora (grado A) en las universidades públicas, contándose solo un 21% de mujeres en el total de cátedras en el curso 2014-2015. Se mantiene igualmente el desequilibrio por menor presencia femenina en los órganos unipersonales de gobierno en 2015, destacando el bajísimo porcentaje de rectoras (2%). Es ocupado por mujeres el 39% de los vicerrectorados, el 27% de los decanatos y direcciones de centro, el 27% de las direcciones de departamento y el 19% de las direcciones de Instituto universitario. Sólo hay equilibrio en los vicedecanatos y subdirecciones de centro, donde las mujeres suponen el 47%. 

En cuanto a la segregación horizontal de género, se observa que en las universidades públicas en el curso 2014-15 sigue habiendo menor presencia femenina en el personal investigador en las áreas de Ingeniería y Tecnología (23%), Ciencias Naturales (34%) y Ciencias Agrarias (36%). Se ha avanzado en Ciencias Médicas y de la Salud, al alcanzarse el equilibrio de género en el curso 2013-14 (40%), que sube un punto en el curso 2014-2015 (41%). Se mantiene el equilibrio de género en Humanidades (46% de mujeres) y Ciencias Sociales (45% de mujeres). En cuanto a las medidas adoptadas por las universidades públicas para resolver las desigualdades de género, a finales de 2015, el 73% contaba con un plan de igualdad vigente. 

La distribución de mujeres y hombres en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) en 2014 muestra que desciende abiertamente la presencia de mujeres al aumentar el nivel en la carrera investigadora, llegando a una proporción desequilibrada en el nivel más alto. Las mujeres son el 58% del total de personal de grado D, el 43% y el 41% de los grados C y B, respectivamente, y el 25% del personal de grado A. Pese a que son mujeres el 43% del personal investigador en este tipo de centro, en los órganos de gobierno no había en 2015 ninguna mujer presidente o directora, y solo el 18% del total de las direcciones de centros o institutos era ostentada por una mujer. 

En cuanto a las convocatorias de ayudas en el marco del Plan Estatal, se alcanzó representación equilibrada en las comisiones de evaluación del 56% de las ayudas a recursos humanos y en el 30% de las de proyectos. En estas mismas convocatorias de ayudas a la I+D+i, a partir de 2013 cambia la tendencia en la que la relación entre solicitudes y concesiones perjudicaba sistemáticamente a las mujeres, observándose que las tasas de éxito en el conjunto de ayudas de recursos humanos son iguales para mujeres y hombres (38% para mujeres y 39% para hombres en 2014), o con brechas por lo general menores y que no favorecen sistemáticamente a los hombres. Sin embargo, las mujeres siguen beneficiándose menos en las convocatorias de proyectos, obteniendo menores tasas de éxito que los hombres (33% en mujeres y 36% en hombres) en su concesión, aunque las brechas de género tienden también a ser menores. 

Como iniciativa correctora a nivel nacional destaca la Hoja de Ruta del Espacio Europeo de Investigación (ERA) para España, que incluye como una de sus prioridades, al igual que la europea, la igualdad de género y transversalidad de género en la investigación. Se apoya la Hoja de Ruta para España en dos instrumentos principales: la revisión y adecuación de procedimientos y criterios utilizados en las convocatorias públicas de ayudas a la I+D+i, y la elaboración de directrices, fomento de buenas prácticas y formación. 

(1) She figures 2015. Gender in Research and Innovation. European Commission. Directorate-General for Research and Innovation.