El presupuesto público es reconocido en la actualidad como un instrumento idóneo para hacer avanzar el compromiso de las administraciones con la igualdad de género debido a su carácter central y a su capacidad de reasignación de los recursos para hacerlos más eficaces y eficientes.
La publicación de la Ley 30/2003 sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, es el punto de partida de un proceso de introducción de la perspectiva de género en las leyes de presupuestos de las distintas administraciones a nivel nacional, con diferentes especificidades y ritmos en su implementación. La Junta de Andalucía se ha convertido en uno de los modelos inspiradores en esta materia para las administraciones y organismos internacionales que se han propuesto afrontar el reto de la introducción de la perspectiva de género en las políticas presupuestarias de una manera integrada, gradual y con vocación de continuidad a largo plazo.
En esta nota se expone el actual estado de desarrollo de esta práctica en los tres niveles de administración, teniendo en cuenta seis elementos principales de la aplicación de la presupuestación con perspectiva de género (PPG): a) si existe alguna norma sobre presupuesto con perspectiva de género; b) si dicha obligación se ha trasladado a la orden de elaboración del presupuesto anual, y/o a la documentación presupuestaria; c) si se cuenta con una comisión interdepartamental creada a tal efecto; d) si se elabora y/o publica un informe de evaluación de impacto de género del presupuesto (IEIG), e) si se han llevado a cabo auditorías de presupuesto y género; y f) si se ha desarrollado una estrategia encaminada a introducir la perspectiva de género en todas las fases del ciclo presupuestario.
En los últimos años, se ha producido una evolución positiva en materia de PPG en las administraciones autonómicas, con el resultado de que, en 2018, prácticamente todas las comunidades autónomas, y una ciudad autónoma, Ceuta, cuentan al menos con uno de los elementos antes descritos. Las experiencias que presentan una trayectoria más prolongada y/o continua son Andalucía (desde 2003), País Vasco (con una experiencia piloto en 2002, que se retoma en 2009), La Rioja (desde 2009) y Canarias (desde 2010). Andalucía y Canarias, además, destacan por el cumplimiento de los criterios antes descritos: normativa, género en la documentación presupuestaria, comisión de género, IEIG, y, en el caso de Andalucía, por ser la única Comunidad autónoma que ha desarrollado, hasta la fecha, una metodología propia de auditoría de presupuesto y género, y una estrategia integral en materia de PPG. Más recientes pero cumpliendo con todos los elementos salvo auditoría y estrategia PPG, se encuentran las experiencias de Castilla-La Mancha y Valencia (se publica informe desde 2015).
Como se puede observar en el cuadro siguiente, en once comunidades autónomas se publica IEIG, y en seis, existe una Comisión interdepartamental con funciones en materia de la presupuestación con enfoque de género. La Administración estatal también cuenta con una experiencia de presupuesto y género, publicándose el IEIG, bajo supervisión de una Comisión de impacto de género. Finalmente, comienzan a sumarse al proceso distintas entidades locales, destacando ocho diputaciones y ayuntamientos que ya han publicado Informe de evaluación de impacto de género de sus presupuestos. Se trata de las diputaciones de Málaga y Guipúzcoa, y ayuntamientos de Barcelona, Madrid, San Sebastián, Albacete, Castellón, y Fuenlabrada.
