jueves, 22 de noviembre de 2012

Eurobarómetro sobre discriminación en la UE

Un 31% de los europeos y un 38% de los españoles piensan que la discriminación por motivos de género está extendida, y un 58% de los europeos y un 60% de los españoles que es rara.
De una escala de 1 a 10 Los europeos se sentirían cómodos 8.9 con una mujer al frente del cargo político más elevado, los españoles 9.
Un 54% de los europeos y un 67% de los españoles piensan que con la crisis las políticas de igualdad están recibiendo menos fondos y están siendo consideradas menos importantes.
Un 59% de los europeos y un 61% de los españoles piensan que las políticas de igualdad son eficaces o al menos sirven para algo. Un 31% de los europeos y un 32% de los españoles piensan que son inútiles.
Un 22% de los europeos y un 26% de los españoles piensan que el género de una persona candidata a un empleo constituye una desventaja.
El 36% de los europeos y el 51% de los españoles piensa que la crisis está acentuando la discriminación laboral de las mujeres. Un 57% de los europeos y un 41% de los españoles piensa que no.

Fuente e información adicional en español: Eurobarómetro 393

La ley española de pensiones discrimina a los trabajadores a tiempo parcial, en su mayoría mujeres

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este jueves que la normativa española sobre pensiones discrimina a los trabajadores a tiempo parcial, que en su mayoría son mujeres, ya que les exige un periodo de cotización proporcionalmente mayor al del resto de contribuyentes. La sentencia responde a la denuncia de una mujer que trabajó exclusivamente como limpiadora de una comunidad de propietarios durante 18 años a jornada parcial de 4 horas a la semana (es decir, el 10% de la jornada legal en España).

A la edad de 66 años, presentó una solicitud ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social para obtener una prestación de jubilación, que le fue denegada por no reunir el período mínimo de cotización de 15 años. El caso acabó en el juzgado de lo social de Barcelona, que preguntó al Tribunal de Luxemburgo si la norma española vulnera la directiva europea sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. El juzgado remitente destacaba que la legislación española computa exclusivamente las horas trabajadas y no el periodo de cotización, es decir, los días trabajados.

En el caso de la denunciante, ello implica que las cotizaciones pagadas durante 18 años al 10% de la jornada equivalen a un periodo de menos de 3 años, por lo cual tendría que trabajar 100 años para acreditar los 15 años que le permitan acceder a una pensión de 112,9 al mes. La ley española vulnera la directiva sobre igualdad entre hombres y mujeres En su sentencia de este jueves, el Tribunal de Justicia dice que la ley española vulnera la directiva sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. El motivo es que "exige a los trabajadores a tiempo parcial —que en España al menos el 80% son mujeres—, en comparación con los trabajadores a tiempo completo, un período de cotización proporcionalmente mayor para acceder a una pensión de jubilación contributiva cuya cuantía ya ha sido reducida proporcionalmente a la parcialidad de su jornada".

El Tribunal señala que "debido al método que se emplea para calcular el período de cotización exigido para acceder a una pensión de jubilación, dicha normativa priva en la práctica a estos trabajadores de toda posibilidad de obtener tal pensión". El Tribunal de Justicia declara que la Directiva sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social se opone a la normativa española, que exige a los trabajadores a tiempo parcial –en su inmensa mayoría mujeres–, en comparación con los trabajadores a tiempo completo, un período de cotización proporcionalmente mayor para acceder a una pensión de jubilación contributiva cuya cuantía ya ha sido reducida proporcionalmente a la parcialidad de su jornada.

La sentencia recuerda que existe discriminación indirecta cuando la aplicación de una medida nacional, aunque formulada de manera neutra, perjudique de hecho a un número mucho mayor de mujeres que de hombres. Aunque en principio la legislación podría estar justificada por factores objetivos ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo, la sentencia señala que ningún elemento permite concluir que la exclusión de los trabajadores a tiempo parcial –como la denunciante– de toda posibilidad de obtener una pensión de jubilación constituya una medida efectivamente necesaria para alcanzar el objetivo de salvaguardar el sistema de seguridad social de tipo contributivo, al que se refieren el INSS y el Gobierno español, y que ninguna otra medida menos gravosa para esos mismos trabajadores permita alcanzar ese objetivo.

Se trata de una cuestión prejudicial, es decir, el Tribunal de Justicia de la UE no resuelve el litigio nacional, sino que es el juzgado de Barcelona, ahora, el que debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Vía: El País

miércoles, 14 de noviembre de 2012

La Comisión aprueba un proyecto de directiva sobre diversidad de género en los consejos empresariales

"Está hecho. La Comisión ha aprobado mi  propuesta de una ley europea para que haya un 40% de mujeres en los consejos de administración en 2020". Satisfecha por este primer triunfo, Viviane Reding, la comisaria europea de Justicia, lo ha tuiteado en 20 idiomas de la Unión. Tras rebajar la ambición de su proyecto para vencer el bloqueo de algunos de sus colegas, la política luxemburguesa que ha defendido con tenacidad la cuota femenina obligatoria obtuvo un éxito este miércoles al lograr el apoyo de sus compañeros de Comisión. Pero a la propuesta le queda un largo recorrido hasta obtener el apoyo del Parlamento Europeo y de una mayoría de países suficiente para evitar la amenaza de bloqueo expresada por un grupo de países que lidera Reino Unido y Holanda.

Para evitar estas resistencias, Reding ha cedido en puntos clave en un intento de sacar adelante lo principal: la exigencia a las grandes empresas cotizadas de contar con un 40% de mujeres en su consejo. A principios de 2012 eran solo el 13,7%.

El plan de Reding fue rechazado el pasado 23 de octubre por la oposición de un gran número de comisarios y las dudas del servicio jurídico del Ejecutivo comunitario. Este señaló que, según la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, una norma europea no puede limitarse a imponer un objetivo sin señalar los medios para lograrlo.

Según el último borrador, queda a la voluntad cada país el diseño del castigo a las empresas que no tengan un consejo de administración paritario. Las sanciones deberían entrar en vigor a partir de 2020, o de 2018 en el caso de las públicas, señalan fuentes diplomáticas. Reding renunció a su intención inicial de aplicar la norma a toda gran empresa (con más de 250 empleados); finalmente solo afectará a las que coticen en mercados bursátiles.

“Los Estados miembros deberán establecer las sanciones aplicables […] y tomar las decisiones necesarias para asegurar que esta directiva se aplica”, asegura el texto. Según este documento, las sanciones deberán ser “efectivas, proporcionadas y disuasorias” y tendrán que incluir multas y la posibilidad de que un juez actúe para declarar nulos los nombramientos contrarios a la norma.

Para lograr el visto bueno servicio jurídico, la vicepresidenta ha incluido en su propuesta un mecanismo de selección para los consejos de administración que garantice cumplir el objetivo del 40%. Cuando haya varios candidatos con igual cualificación, la norma obligará a las grandes empresas a escoger al del sexo infrarrepresentado. Así, el procedimiento de selección será transparente y neutro y tendrá en cuenta la experiencia y las cualificaciones, según han destacado fuentes consultadas por Efe.

Vía. El País.

lunes, 5 de noviembre de 2012

Publicado el informe de impacto de género del Presupuesto 2013 de Andalucía

El 31 de octubre se ha aprobado el proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía para 2013. El Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013 es de 30.706,7 millones de euros. El Presupuesto total disminuye un 4,1% respecto al de 2012, si bien el conjunto de consejerías reduce sus dotaciones una media del 10,7%. Para el año 2013, y según el presupuesto consolidado, se aprecia que los programas presupuestarios clasificados como G+, es decir, que cuentan con mayor capacidad y responsabilidad para contribuir a la igualdad de género, han incrementado su peso en el conjunto de la estructura del Presupuesto con respecto a 2012, alcanzando el 71,4% de los fondos presupuestarios. El 71,4% significa más de 16.151 millones de euros. Este incremento está en consonancia con el compromiso de mantenimiento de las políticas sociales como instrumento redistributivo del gobierno andaluz y una herramienta de promoción de la igualdad entre la ciudadanía. 

El Presupuesto para 2013 asume el compromiso de contribuir a paliar los efectos de la crisis y la no privatización de ningún servicio. En consecuencia, adopta como ejes fundamentales el fomento del empleo, el apoyo a los sectores productivos, la lucha contra la pobreza y la desigualdad mediante el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, con una especial atención a la educación como garantía de crecimiento futuro e instrumento a favor de la igualdad de oportunidades.

La orientación absoluta del Presupuesto es el empleo, hecho que impregna al conjunto de políticas presupuestarias. Específicamente se pondrán en marcha diversas actuaciones para generar empleo en el corto plazo y proseguirán las líneas destinadas a mejorar la empleabilidad y la inserción laboral, dentro de las cuales destaca la formación para el empleo, los fondos para la mejora de la empleabilidad, intermediación y fomento del empleo o el programa de emprendedores. En este impulso se incluye la asignación presupuestaria a cargo del Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía 2007-2013 al objeto de favorecer el empleo de las mujeres y la conciliación y corresponsabilidad de hombres y mujeres en los ámbitos laboral, familiar, doméstico y personal cuya dotación se incrementa respecto al año anterior.

La política de educación se mantiene en el centro de la política presupuestaria como compromiso con la igualdad de oportunidades y de género, y el crecimiento económico a largo plazo. Su dotación representa el 32,4% del presupuesto total de las consejerías. En 2013 cobra protagonismo la vertiente más social de la política educativa por lo que la partida de becas aumenta un 6,8%. Dentro de ella, la Beca 6000 y la Beca Segunda Oportunidad elevarán su dotación global. También permanecerá el complemento autonómico a las becas Erasmus y a la cobertura de los libros de texto, que continuarán siendo gratuitos.

Otros destinos destacados del gasto serán los vinculados a la conciliación de la vida profesional y familiar, como el Plan de Apertura de centros, que aumentará un 11,3%, el transporte escolar, cuya dotación ascenderá o las guarderías, con un presupuesto que permite consolidar la oferta de 100.000 plazas. La atención a la conciliación laboral dentro de las relaciones colectivas también supone una partida presupuestaria significativa dentro de las destinadas al empleo.

En el ámbito de las políticas sociales, la Consejería de Salud y Bienestar Social absorberá el 44% de los recursos totales de las Consejerías y registrará una reducción inferior a la media. Con este importe, hará frente a los gastos de la ley de dependencia y a la cobertura del servicio público de salud, cuyas prestaciones se mantienen en 2013, entre ellas, las destinadas a las personas inmigrantes. Lugar destacado merece el programa de Inclusión social que recoge uno de los mayores incrementos presupuestarios para dar respuesta a la solidaridad social y la subida del complemento autonómico de las pensiones del 2%, el doble que el aprobado por el Gobierno de España y cuyo destino es la mejora de la calidad de vida de muchos pensionistas, mujeres en su mayor parte.

Finalmente, cabe destacar el lugar destacado que ocupa la lucha contra la violencia de género y las políticas de igualdad de género, con el acento en la transversalidad de género en todas las políticas públicas, partidas cuya estabilidad presupuestaria contrasta con la política del gobierno estatal en la materia de igualdad.

El informe se puede descargar de: http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/genero/informe/informe2013/informe_genero.pdf