La Junta de Andalucía
extenderá a los planes, ofertas públicas de empleo, decretos
legislativos y disposiciones reglamentarias de las consejerías el
informe de evaluación de impacto de género que desde 2004 ya exigía para
garantizar el principio de igualdad entre hombre y mujeres en los
reglamentos y proyectos de ley. Así se recoge en el nuevo decreto
regulador de este requisito, que sustituye al vigente durante los
últimos ocho años.
La norma también define el papel de las Unidades de
Igualdad de Género que la Administración autonómica ha implantado desde
2010 en sus distintos departamentos.
De acuerdo con la regulación, el informe de evaluación de
impacto de género debe ser emitido por el centro directivo encargado de
elaborar el proyecto normativo, plan u oferta pública de empleo de que
se trate. Este trabajo se realiza de forma previa al proceso habitual de
aprobación de normas por parte del Consejo de Gobierno.
Este documento contendrá, al menos, una descripción de las
diferencias entre hombres y mujeres en el ámbito de la disposición que
se pretende aprobar (con datos de estadísticas oficiales desagregados
por sexos) y un análisis del impacto potencial que su entrada en vigor
puede producir sobre la igualdad.
La elaboración de los informes cuenta con la labor de
asesoramiento y revisión de las Unidades de Igualdad de Género de la
Administración andaluza, servicios integrados por profesionales con
formación en igualdad de oportunidades y adscritos a los órganos
directivos que ejercen funciones de carácter horizontal o transversal en
las consejerías y entidades instrumentales.
Además de ejercer este control previo sobre la normativa, la
planificación y el empleo público, Andalucía incorpora el informe de impacto de género en sus cuentas públicas. Esta experiencia, que se lleva a cabo
desde hace siete años aporta una metodología pionera que implica a todos
los gestores presupuestarios y vincula con el objetivo de igualdad a
todas las políticas. En el vigente presupuesto de 2012, los programas
denominados G+, los más relevantes desde este punto de vista, suponen el
71,3% de la asignación total.
Fuente: Junta de Andalucía
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