La igualdad de género es considerada un
objetivo imprescindible para alcanzar la cohesión social y el avance de los
derechos de la ciudadanía, pero también es cada vez más un requisito imprescindible para obtener un
crecimiento económico más eficiente que logre maximizar la inversión realizada
en las personas, transformándola en competitividad y desarrollo en beneficio de
toda la sociedad.
Partiendo de este doble enfoque, el presupuesto público se presenta como una herramienta de gran potencialidad para avanzar en igualdad de género ya que es el instrumento alrededor del cual se establecen las prioridades políticas. Los presupuestos públicos con perspectiva de género (PPG) cuentan con capacidad suficiente para reorientar el gasto, reduciendo las desigualdades de género a partir del análisis de los efectos diferenciales que tienen ingresos y gastos sobre mujeres y hombres. En tiempos de contención del gasto como el actual, los PPG aportan además mayor transparencia y redundan en una mayor eficiencia y eficacia del gasto al delimitarse y priorizar mejor los objetivos de las políticas públicas y vincularlos directamente con las necesidades de mujeres y hombres.
Los PPG fueron desarrollados por primera vez en la década de los ochenta del siglo pasado por el gobierno de Australia, y adquirieron impulso internacional al integrarse en las líneas de la Plataforma para la Acción de la IV Conferencia Mundial para el avance de las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995, y ser asumidos por Naciones Unidas y la Unión Europea como estrategia imprescindible para avanzar en igualdad de género.
Más recientemente y en nuestro entorno europeo destacan experiencias como la de Austria, donde la presupuestación con enfoque de género se incluye en su Constitución Federal, y como la acción del Women Budget Group en Reino Unido, una organización de la sociedad civil que hace seguimiento presupuestario al Gobierno. En el norte de Italia, han prosperado iniciativas de PPG en gobiernos locales, como Ferrara, Módena y Venecia, entre otros. Destacan asimismo experiencias en corporaciones locales como las de Berlín o Viena.
En España como resultado de la implantación de la Ley 30/2003 para la valoración de impacto de género en la normativa, se publica desde 2009 un Informe de evaluación de impacto de género del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado. En el ámbito autonómico, prácticamente todas las comunidades llevan a cabo la evaluación de género de su normativa, incluyendo la Ley de Presupuestos. No obstante, han dado un paso más, incluyendo el enfoque de género en sus órdenes de elaboración del Presupuesto, las comunidades de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Murcia, La Rioja y, por primera vez este año, Valencia.
Andalucía cuenta con la experiencia más completa de PPG en España por su continuidad y alcance, lo que le ha valido el reconocimiento de otras administraciones a nivel nacional e internacional. Desde 2003, año en el que se publicó la Ley 18/2003 sobre Medidas Fiscales y Administrativas, se han ido desarrollando los diferentes elementos que conforman la estrategia de PPG en Andalucía:
Partiendo de este doble enfoque, el presupuesto público se presenta como una herramienta de gran potencialidad para avanzar en igualdad de género ya que es el instrumento alrededor del cual se establecen las prioridades políticas. Los presupuestos públicos con perspectiva de género (PPG) cuentan con capacidad suficiente para reorientar el gasto, reduciendo las desigualdades de género a partir del análisis de los efectos diferenciales que tienen ingresos y gastos sobre mujeres y hombres. En tiempos de contención del gasto como el actual, los PPG aportan además mayor transparencia y redundan en una mayor eficiencia y eficacia del gasto al delimitarse y priorizar mejor los objetivos de las políticas públicas y vincularlos directamente con las necesidades de mujeres y hombres.
Los PPG fueron desarrollados por primera vez en la década de los ochenta del siglo pasado por el gobierno de Australia, y adquirieron impulso internacional al integrarse en las líneas de la Plataforma para la Acción de la IV Conferencia Mundial para el avance de las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995, y ser asumidos por Naciones Unidas y la Unión Europea como estrategia imprescindible para avanzar en igualdad de género.
Más recientemente y en nuestro entorno europeo destacan experiencias como la de Austria, donde la presupuestación con enfoque de género se incluye en su Constitución Federal, y como la acción del Women Budget Group en Reino Unido, una organización de la sociedad civil que hace seguimiento presupuestario al Gobierno. En el norte de Italia, han prosperado iniciativas de PPG en gobiernos locales, como Ferrara, Módena y Venecia, entre otros. Destacan asimismo experiencias en corporaciones locales como las de Berlín o Viena.
En España como resultado de la implantación de la Ley 30/2003 para la valoración de impacto de género en la normativa, se publica desde 2009 un Informe de evaluación de impacto de género del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado. En el ámbito autonómico, prácticamente todas las comunidades llevan a cabo la evaluación de género de su normativa, incluyendo la Ley de Presupuestos. No obstante, han dado un paso más, incluyendo el enfoque de género en sus órdenes de elaboración del Presupuesto, las comunidades de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Murcia, La Rioja y, por primera vez este año, Valencia.
Andalucía cuenta con la experiencia más completa de PPG en España por su continuidad y alcance, lo que le ha valido el reconocimiento de otras administraciones a nivel nacional e internacional. Desde 2003, año en el que se publicó la Ley 18/2003 sobre Medidas Fiscales y Administrativas, se han ido desarrollando los diferentes elementos que conforman la estrategia de PPG en Andalucía:
- La Comisión interdepartamental de impacto de género, liderada por la Consejería competente en materia de Hacienda, con representación de toda la Administración.
- La publicación del Informe de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto Andaluz, que forma parte de la documentación anexa al anteproyecto de Ley.
- La aplicación de una metodología propia, el Programa G+. Esta metodología, que clasifica los programas presupuestarios según su impacto de género, ha sido tomada como modelo inspirador por numerosas administraciones y organismos internacionales como la Unión Europea, ONU Mujeres y administraciones de Europa y América Latina.
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