Un régimen anacrónico que les impide cotizar si trabajan menos de 72 horas al mes y que ni siquiera les garantiza un contrato de trabajo escrito que puedan blandir para hacer valer sus derechos en caso de conflicto con los empleadores. Es una regulación de 1985 que sitúa a las miles de empleadas domésticas que hay en España -en femenino, porque el 91,5% son mujeres- entre el trabajo y la servidumbre; y que sindicatos, organizaciones sociales y las propias empleadas llevan años intentando liquidar. Ahora negocian con el Gobierno la fórmula de inclusión en el régimen general de trabajadores.
"Las empleadas de hogar se enfrentan a una discriminación clara", critica Begoña San José, del Fórum de Política Feminista. "Son una fuerza vital en la sociedad. Mueven un engranaje de cuidados sin el que las cosas no funcionarían. A pesar de eso, están en una situación de enorme desventaja. Mucho tiene que ver con esa discriminación que la casi totalidad sean mujeres. Si los chóferes domésticos están en el régimen general de trabajadores, ¿por qué las empleadas domésticas no? Eso debe cambiar", exige.
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